La definición legislativa abre un escenario de mayor previsibilidad para el desarrollo minero, con protagonismo provincial en la protección técnica de los recursos y nuevas oportunidades para la red de proveedores sanjuaninos.

 La aprobación de la modificación de la Ley de Glaciares marca el inicio de una etapa de mayor previsibilidad para San Juan, al ofrecer un marco normativo más claro para la planificación de inversiones, el desarrollo de proyectos estratégicos y el fortalecimiento de la cadena de proveedores locales.

Para una provincia con fuerte proyección en cobre y minerales críticos, la certeza regulatoria resulta determinante. Las decisiones de inversión de largo plazo, la contratación de servicios y la expansión de capacidades locales requieren estabilidad, previsibilidad y definiciones técnicas precisas, condiciones indispensables para transformar potencial geológico en desarrollo productivo.

En este nuevo escenario, adquiere especial relevancia el rol de las provincias como autoridades con conocimiento directo del territorio, los recursos hídricos y las particularidades ambientales de cada zona. La protección de estos recursos debe sostenerse sobre el trabajo de especialistas, equipos interdisciplinarios y organismos técnicos capaces de evaluar cada proyecto con rigor profesional.

La posición firme de CAPRIMSA

Los glaciares deben protegerse, y en eso existe un consenso amplio. CAPRIMSA sostiene que ese cuidado debe convivir con la necesidad de contar con previsibilidad y un marco claro que permita planificar inversiones, impulsar el trabajo y fortalecer a las empresas locales que integran la cadena de valor minera.

Como entidad que representa a los proveedores de la industria minera sanjuanina con amplitud regional y nacional, acompaña este proceso institucional aportando la mirada del entramado productivo local y la necesidad de contar con reglas claras para sostener inversiones, empleo y crecimiento empresarial. La participación de la Cámara en esta instancia respondió al compromiso permanente de defender los intereses del sector proveedor y contribuir al desarrollo estratégico de la provincia.

El desafío hacia adelante será consolidar un esquema donde desarrollo, seguridad jurídica y protección ambiental convivan bajo criterios técnicos, con protagonismo provincial y una visión estratégica de largo plazo para San Juan. En ese camino, se hace fundamental profundizar la articulación institucional entre los actores protagonistas del sector —Estado, empresas operadoras, proveedores, especialistas y comunidades— para transformar este nuevo marco en inversiones concretas, empleo local y crecimiento sostenible para la provincia.