La actual discusión por la llamada «Ley de Humedales» ha disparado las alertas en sectores productivos de todo el país y San Juan no ha sido la excepción.
La razón está en que el proyecto de ley presentado por el diputado bonaerense Leonardo Grosso, podría poner en riesgo el desarrollo de la actividad minera y de otros sectores productivos.
En este sentido, desde la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA), manifestaron, en consonancia con la postura ya manifestada por legisladores nacionales, la necesidad de una revisión del proyecto por desconocer, entre otros aspectos, la autonomía de las provincias para la legislación, control y protección de sus propios recursos naturales.
De hecho, desde la institución señalada destacaron su conformidad con un documento publicado por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros en el que se expone de manera detallada y justificada, los peligros de que la normativa sea aprovada tal cual se presentó.
«El ambiente, incluyendo los humedales, ya está protegido por leyes nacionales y provinciales que obligan a evaluaciones ambientales previas (Ley General del Ambiente N° 25.675 – Ley Ambiental Minera N° 24.585 – Código de Minería – Leyes provinciales)», señala en uno de sus puntos el informe presentado por esa institución.
Asímismo, la CAEM expresó en el documento que «la sanción de una ley de presupuestos mínimos para luego determinar cuál es el bien jurídico protegido, genera conflictos en la aplicabilidad de la norma, sugiriendo como curso de acción el desarrollo de un inventario, en el marco de lo indicado por los acuerdos internacionales, para luego legislar en consecuencia».
Para los empresarios mineros, es de vital importancia que el objetivo no es evitar el cuidado del medio ambiente. «Abogamos por una ley que permita la protección de las áreas clave, a la par que proteja los derechos de las comunidades a contar con fuentes de empleo, que les permitan una calidad de vida digna y ofrezcan posibilidades progreso con visión de futuro», advierte el documento.
De hecho, estas preocupaciones también han sido expresadas públicamente en distritos mineros de otras regiones del país como Salta, Jujuy, Catamarca y Santa Cruz.
